El decreto 58/2019 pone de nuevo en el mercado una serie de frecuencias satelitales que había absorbido Arsat luego de que el grupo Vila-Manzano no cumpliera con el pago establecido en la licitación de 2014. Al año siguiente, la ley de desarrollo de la industria satelital dictaminó que el Congreso Nacional debía intervenir para definir la cesión de frecuencias por parte de Arsat a favor de los privados.

Se resuelve por decreto uno de los puntos incluidos en la Ley Corta, con media sanción en el senado, que buscaba liberar espectro y licitarlo para que "las compañías que están en el país hagan más inversiones", según declaraciones del vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, Andrés Ibarra, durante el Mobile World Congress, el pasado marzo de 2018.

Según explicó a LA NACION el especialista en TIC e investigador del Conicet, Martín Becerra, la medida del decreto no tiene vuelta atrás ya que, según la ley vigente, si las dos cámaras no lo rechazan de manera explícita, el decreto queda vigente y nunca hubo un rechazo de un DNU.

“Esta decisión del Gobierno aumenta la inseguridad jurídica, ya que se regula por decreto una atribución propia del Congreso. El Gobierno operó de manera similar -por decreto y a espaldas del Poder Legislativo- en el caso de las licencias audiovisuales, los topes a la concentración y la creación del órgano regulador”, explicó.

Agrega Becerra que "este DNU sepulta el proyecto de Ley Corta y transparente cuál era el objetivo principal de la ley que era liberar bandas de espectro reservadas a Arsat. A partir de ahora dependerán del Poder Ejecutivo (Enacom) que verá cómo organiza ese recurso entre Movistar, Claro y Personal. Si se lo van a dar a las tres o a las dos primeras que estaban en desventaja por la fusión de Cablevisión y Personal. Lo que sí es seguro es que deberá subir el cap, el límite máximo de acumulación de espectro radioeléctrico".

Respecto a la controversia jurídica que suscita la modificación de la ley 272098 a través del DNU, la abogada Graciela Peñafort escribió en su cuenta de twitter: "Para abogados, senadores y diputados que tengan ganas de hacer activismo judicial. Yo plantearía rápidamente una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 58/2019 que por necesidad y urgencia NO acreditada, dispone de las frecuencias de ARSAT".

1. Para abogados, senadores y diputados que tengan ganas de hacer activismo judicial. Yo plantearia rapidamente una accion de inconstitucionalidad contra el decreto 58/2019 que por necesidad y urgencia NO acreditada, dispone de las frecuencias de ARSAT

— Graciana Peñafort (@gracepenafort) 21 de enero de 2019

Por su parte Franco Cecchini, titular de la Cámara de Telefonía IP, celebró la medida: “el DNU es una muestra clara de un paso adelante para el desarrollo de redes de alta velocidad para todos los argentinos. Liberar las fuerzas de todos los emprendedores argentinos con ganas de invertir y competir por los maltratados usuarios es una decisión inteligente que cambiará para mucho mejor la calidad y nivel de servicio de Telecomunicaciones de nuestro país”.

A su vez, Guillermo Rus, ex vicepresidente del Arsat, planteó en declaraciones a Diario Pulse que “terminan sacando por decreto la administración de un recurso que tiene un valor de 500 millones de dólares. Claramente el mercado no va a llegar a los lugares donde ya no llegó por más que tenga más espectro”.